Yefferson Mauricio Dueñas, abogado del canciller Álvaro Leyva, aseguró a través de una carta que la Procuraduría General de la Nación 'no tiene competencia' para investigar un acto administrativo contra su apoderado, quien está en el ojo del huracán por el polémico proceso de licitación de pasaportes.
'La PGN carece de competencia para pronunciarse en sede disciplinaria sobre la legalidad del proceso contractual adelantado. Si bien es claro que tiene competencia para indagar el posible incumplimiento de deberes funcionales, no puede en esta instancia pronunciarse sobre la validez de las actuaciones de la administración, en concreto de decisiones como la suspensión de un proceso contractual, la declaratoria desierta de una licitación o la urgencia manifiesta, asuntos que constitucional y legalmente están reservados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo', se lee en el documento.
Renglón seguido, Dueñas aseguró que el canciller Leyva 'tenía la potestad para declarar la suspensión del proceso contractual, lo que resultó necesario cuando reasumió la competencia que había sido delegada en el secretario general. Facultad que fue ejercida de una manera razonable y por un término muy corto para evaluar la situación y tomar una decisión de fondo. Al respecto cabe recordar que este tipo de decisiones ha ocurrido en numerosos procesos contractuales en la administración pública en sus diferentes niveles, sin que ello haya sido objeto de reparo disciplinario alguno'.
'En tercer lugar, la declaratoria de desierta de la licitación obedeció a la necesidad de garantizar la plena vigencia de la Constitución y la ley, en concreto ante la necesidad de proteger los principios de la función administrativa y especialmente de la contratación estatal, de manera que tampoco puede reprocharse la conducta desplegada por el ministro desde el punto de vista disciplinario', agregó en un documento de 44 páginas.
La Procuraduría (Ministerio Público) abrió una investigación contra Leyva y el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por supuestas irregularidades en la suspensión de la licitación para expedir los pasaportes.
Esa decisión fue tomada porque Thomas Greg & Sons, la empresa colombiana que se ha encargado de las visas y los pasaportes en Colombia durante los últimos 17 años, fue señalada por otras compañías que advirtieron que no existe una libre competencia en la adjudicación de este contrato, al que todavía le restan tres años más.
