La Corte Suprema de Justicia envió este miércoles una serie de sugerencias a Iván Velásquez, ministro de Defensa, para que se tengan en cuenta en la reforma a la justicia, centrándose en que se disminuyan los tiempos de respuesta en materia civil, laboral y penal; se reduzca los niveles de impunidad y afiance la dignidad de los jueces de las regiones del país, en procura de garantizar que la aplicación de justicia sea pronta y efectiva en toda la geografía nacional.
En materia penal, al alto tribunal propone la eliminación de reformas posteriores a la Ley 906 de 2004, que han impedido aplicar la justicia premial en toda su extensión, rebajando o impidiendo los porcentajes de reducción de penas por allanamiento o acuerdos.
En lo que respecta con los mecanismos de justicia restaurativa, la Corte señaló que: 'este es un tema, si se quiere, tabú, pues, la forma en que se consagra el mismo en la Ley 906 de 2004, parece inconexa y dispersa, al extremo que se desconocen los verdaderos alcances de cada mecanismo',
Con respecto a la materia laboral, la Corte señaló que la identificación y abordaje de diversas problemáticas identificadas en el sector justicia son aspectos claves para una reforma integral que 5 permita fortalecer la independencia, eficiencia, oportunidad y transparencia de nuestro sistema judicial.
'La reforma se debe abordar desde diferentes aristas como tecnológica, infraestructura, descongestión y celeridad con el objetivo de fortalecer el acceso a ella y recuperar la confianza del usuario en el sistema judicial', explicaron.
Las propuestas se centran en: el fortalecimiento de los procesos de implementación del uso de las tecnologías en la administración de justicia, avanzar en la consolidación del expediente electrónico, creación de jueces municipales y del circuito en los territorios, acorde a criterios de demanda con plantas de personal completa e idónea, potenciar reformas a las reglas procesales para lograr mayor celeridad en los procesos judiciales, reformas a mecanismos de monitoreo de la gestión judicial y del diseño de medidas más eficaces para sancionar la inoperancia judicial y fortalecer la conciliación extrajudicial.
Por último, en materia civil, agraria y rural, instó a la ley ordinaria y ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria Rural, la reforma Estatuto de Arbitraje, la reforma al Código General del Proceso y el mejoramiento de la tutela.
