BOGOTÁ | La semana pasada se conoció en los medios nacionales que en el Presupuesto 2024 habría $13 billones que aparentemente no tienen una destinación específica y en los que estarían incluidos 108 obras de infraestructura que no tendrían recursos asignados, como el Metro de Bogotá y el Regiotram.
Por ello el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió: 'Vemos con preocupación que el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su Anexo técnico no especifican al detalle la destinación de $13 billones del rubro de inversión, cifra que representa el 13 % del total de gastos de inversión'.
Precisa el documento académico que los recursos faltantes están distribuidos en el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones).
Ante lo que se pregunta: '¿El desconocimiento del marco de nuestro sistema presupuestal generará demandas contra el decreto de liquidación que ponga en pausa la ejecución del presupuesto de este año?, ¿se trata de un error técnico del Gobierno o detrás está la intención de que el Ejecutivo tenga cierta discrecionalidad sobre el destino final de estos recursos? y ¿esto afectaría la continuidad de obras de infraestructura que se encuentren en ejecución actualmente?'.
A su vez, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, cuestionó: 'Ahora qué va a decir el alcalde de Bogotá cuando se informe que el metro de Bogotá quedó sin recursos específicos en el presupuesto del 2024? ¿Qué dirán los antioqueños cuando se notifiquen que el túnel del Toyo o la segunda línea del metro de Medellín quedan también desfinanciadas?'.
Así mismo, advirtió que 'todo esto porque desde la Presidencia y de manera ilegal irregular concentraron todos estos recursos en 'partidas globales' por $13 billones para que desde la Presidencia de Colombia se entreguen a los amigos políticos y se nieguen a los que no lo son (…). El presupuesto nacional utilizado irregularmente para golpear a quienes no cuentan con las simpatías política de la Casa de Nariño está en marcha'.
En respuesta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el presidente Gustavo Petro solicitó que en el presupuesto de 2024 se haga un 'ejercicio de priorización'.
'Es un ejercicio de priorización que nos pidió el presidente hacer, en término de 'examinemos en qué está cada una de esas zonas', explicó.
Advirtió que hay que revisar si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de las obras y aseguró que 'no hay ninguna opacidad en el presupuesto'.
'La liquidación de presupuesto está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso, que aprueba unas partidas globales y en medio de eso hay una discusión sobre cuáles son las prioridades examinando qué tanto realmente se están ejecutando los proyectos', dijo el jefe de la cartera económica.
Y frente al metro de Bogotá dijo que 'los recursos están asegurados, nunca se le ha quitado el nivel de importancia estratégica. Lo que hay que examinar es si lo previsto para este año debería entregarse, dada la magnitud del retraso de la obra'.
Entre tanto, los 32 mandatarios departamentales leyeron una carta dirigida a Petro pidiéndole una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a las regiones.
En medio de la Cumbre de Gobernadores del fin de semana, se compartió el contenido de la misiva: 'Cedimos nuestros recursos en la crisis financiera de mediados de los 90, pero Colombia se recuperó y solo la Nación ha ganado espacio en el fisco, mientras los territorios siguen rezagados, sobrecargándose con competencias sin contar con las herramientas financieras para cumplirlas a cabalidad'.
La carta, firmada por Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá y elegido nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y Juan Diego Patiño, vicepresidente de la Federación, pidieron al presidente de la República participar en los recursos de la Nación, con una participación progresiva del 47% como 'se visionó en la Constituyente y que luego se diezmó con las contrarreformas que le siguieron'.
'Han pasado tres reformas constitucionales, en las que ha sido un sofista esa fórmula que permitiera a los territorios acceder a los recursos requeridos para cumplir con sus competencias. Más de 30 años después de la proclamación de un Estado descentralizado, vamos en menos de la mitad de lo prometido, pues las gobernaciones y alcaldías apenas llegamos a obtener un 20% de los ingresos de la Nación', indica el documento.
Por su parte, Petro contestó: 'Acojo su propuesta de reformar el Sistema General de Participaciones'.
Ante la propuesta expuesta, en representación de los departamentos, por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se acordó que este sistema de transferencias merece ser reformado y que la nueva debe asegurar que la participación de las entidades territoriales crezca.
'Acojo la propuesta de la reforma del Sistema General de Participaciones, el planteamiento que se hizo aquí sobre el PAE que debe tener prioridad en los niños y darle más peso a los indicadores de pobreza y necesidades básicas', dijo Petro.
A su vez, la Cámara Colombia de Infraestructura (CCI) ha hecho saltar las alarmas sobre el decreto de liquidación presupuestal de 2024, en el que se omitió, nada más y nada menos la desagregación de $12,5 billones que en el Presupuesto General de la Nación, aprobado por el Congreso de la República en 2023, estaban destinados a financiar proyectos de infraestructura.
Por un lado, se habla de 65 proyectos del Invías y 24 de la ANI, 57 de ellos declarados de importancia estratégica nacional, que se quedarían sin recursos asegurados para su ejecución. Y el ministro Bonilla ha anticipado que en virtud de decisiones discrecionales del Ejecutivo solo se garantizaría el pago de recursos de vigencias futuras para los contratos suscritos, según el ritmo o avance de la ejecución física de los proyectos.
Hasta ahora, la no expedición del decreto en cuestión ha provocado suspensión de contratos y de procesos licitatorios, a cargo de Invías, relacionados con el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo que pone en riesgo el normal funcionamiento de relevantes corredores viales, como el túnel de La Línea, cuyo contrato acabará en marzo próximo.
Además, otros sectores como el de la Educación sufriría un tijeretazo de medio billón de pesos para respaldar universidades públicas y el mismo Ministerio de Hacienda no tendría cómo responder asignaciones previstas por casi $2 billones para el manejo de los sistemas férreos y de transporte masivo en el territorio nacional.
Finalmente, la Contraloría General de la República advirtió al Gobierno Nacional sobre la importancia de ejecutar los recursos del Presupuesto General de la Nación con 'mayor rigurosidad y transparencia, cumpliendo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto'.
De acuerdo con el órgano de control, es crucial mejorar los procesos de estimación de los ingresos, tal como advirtió en sus comentarios al Presupuesto General de la Nación de 2024, para evitar reprogramaciones que afectan la normal ejecución de los recursos públicos.
En este sentido, es 'importante evitar la falta de rigurosidad en el cumplimiento del estatuto presupuestal, como sucedió en el decreto de liquidación del presupuesto de la presente vigencia, y brindar mayor claridad en rubros presupuestales como las partidas globales, ya que es importante dejar claro su destinación específica y comportamiento'.
'La CGR destaca la importancia contracíclica que debe cumplir el gasto público en estos momentos y, por ello, hace un llamado al Gobierno Nacional para que, de un lado, los ajustes al presupuesto no se reflejen en los rubros de inversión y por otro, a que mejore la eficacia y la eficiencia en su ejecución, ya que de no hacerlo no se generarían los efectos multiplicadores del gasto en el crecimiento y se afectaría la sostenibilidad de la deuda', se lee en un comunicado.
Finalmente, la CGR estará atenta no sólo a la ejecución de los recursos públicos, para garantizar que las entidades ejecutoras cumplan con los preceptos normativos presupuestales, sino además mirará que el desempeño del gasto público sea el adecuado, esto es que se generen los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo económico y social, asociados a dicho gasto. De no lograrse esto último, se estaría generando un mayor nivel de deuda y el gasto público no cumpliría con uno de sus principales objetivos: contribuir al crecimiento económico inclusivo', agregaron.
Por otro lado, la CGR concluyó que, aunque aún no se tiene el resultado del crecimiento económico de 2023, se espera que este sea bajo, como reflejo del ajuste que se dio en la economía colombiana bajo un entorno de desaceleración de la economía global y el aumento de las tasas de interés externas e internas.
Además, la entidad precisó el efecto fiscal de la dinámica económica de las últimas reformas tributarias y la eficiencia en la administración en el recaudo tributario, señalando que, aunque éste llegó en 2023 a $278,9 billones en términos brutos, según informe de la Dian, ello significa un aumento en términos nominales, pero por debajo de la meta que se había trazado.
'Sobre este punto, considera que el análisis fiscal debe realizarse con la mayor prudencia, con el fin de evitar mensajes que magnifiquen las dificultades que se puedan presentar y generen efectos nocivos sobre los agentes económicos y la imagen del país', explicaron.
En la actualización del Plan Financiero 2024 el gobierno espera, teniendo en cuenta la dinámica económica, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y el comportamiento de los ingresos por litigios tributarios, entre otros factores, que el déficit fiscal aumente en 2024 a 5,3% del PIB frente al cierre proyectado de 4,3% del PIB en 2023.
Lo anterior se reflejará en la deuda neta del Gobierno Nacional que pasará a 57% del PIB en 2024 frente a un estimado de 52,8% del PIB en 2023. Aunque estos ajustes en la perspectiva 2024 implican mayor déficit fiscal y deuda, respecto al plan financiero anterior, el escenario es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal.
