Durante un debate de control político en el Congreso de la República, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo ratificó que José Antonio Salazar, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, adjudicó sin su consentimiento el contrato de fabricación de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
En medio de su intervención, Murillo explicó que 'tratándose de poder volver a la institucionalidad como esta opera yo tome la decisión de devolver ese proceso a la Secretaría General, de devolver esas funciones, para que tomáramos las medidas relacionadas con la licitación'.
'En ese periodo y en una situación administrativa que es práctica común yo también tomé la decisión por un tema de confianza legítima de hacer unos cambios internos en la Cancillería. Uno de ellos, el poder que se me dejara en libertad por parte del secretario general para poder tener a otra persona en ese cargo. Pero, infortunadamente y sin mi instrucción el secretario general de ese entonces tomó la decisión de reactivar una licitación que estaba completamente cerrada sin consultar', agregó.
Renglón seguido, Murillo admitió que 'ha sido un proceso muy accidentado'.
'Hay indicios de que cuando comenzó la licitación no se dieron las condiciones y al no darse las condiciones se tomó la decisión por parte de la Cancillería de declarar desierta la contratación y se declaró la urgencia manifiesta', explicó.
Cabe recordar que la Procuraduría suspendió en enero pasado a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.
Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciler Luis Gilberto Murillo.
Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investiga desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,5 millones de dólares de hoy).
