La experta de la ONU para identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016 en Colombia, Antonia Urrejola, urgió este martes a hacer de dicho acuerdo una 'política de Estado' y a 'crear una instancia que tenga facultades para la liderar la implementación'.
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En una rueda de prensa virtual, Urrejola también llamó a que todos los diálogos de paz con grupos no estatales en Colombia 'integren un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas'.
Urrejola hizo un informe sobre los principales obstáculos para la implementación del acuerdo a petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que presentará oficialmente el próximo 2 de abril, del que destacó varios avances, especialmente en la reforma rural integral.
También recoge que 'el 80 % de los firmantes del acuerdo siguen comprometidos con el proceso de reincorporación, a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas'.
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Sin embargo, añade que el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC ha sido afectado por varios obstáculos, entre ellos que 'no se ha implementado como política de Estado' pues 'el compromiso de los Gobiernos de turno ha variado'.
Urrejola, excanciller chilena, agregó que 'los primeros años tras la firma fueron cruciales (...) sin embargo, el contexto político hostil facilitó una serie de ataques hacia los mecanismos'.
'Entre 2018 y el 2022 el contexto político fue hostil al acuerdo de paz, se caracterizó por una baja implementación y ataques a los sistemas de paz', añadió.
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En ese sentido, la experta llamó a crear una instancia de alto nivel que tenga las facultades para liderar la implementación del acuerdo de paz, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional, y que cuente con los recursos financieros para hacerlo.
El caso 'Santrich'
El informe también pone el foco en el caso del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich', negociador del acuerdo, quien tres años después de la firma retomó las armas, y señala un 'uso abusivo de la acción penal' en su contra y una 'obstaculización' de su procedimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
'Existió por parte de la Fiscalía una obstaculización a la JEP por el caso 'Santrich' (...) Esta demora y el conflicto de competencias que ocurrió entre la Fiscalía y la JEP claramente generó una desconfianza de parte de las personas firmantes sobre cómo estaban operando las instituciones en términos de garantías de no extradición', en palabras de Urrejola.
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Esto 'reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz (...) y habría afectado la reincorporación', señaló, mientras que el informe recomienda 'respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado'.
La JEP denunció en marzo del año pasado a exfuncionarios de la Fiscalía por posibles irregularidades en las garantías de no extradición de 'Santrich', muerto en 2021.
El exguerrillero tenía una orden de extradición a Estados Unidos por los supuestos delitos de asociación para delinquir agravada y tráfico de estupefacientes, presuntamente cometidos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir después de la firma del acuerdo de paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016.
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Por eso fue detenido en Bogotá en abril de 2018 por la Fiscalía acatando la petición de extradición, pero tras un tira y afloja en la Justicia colombiana, finalmente quedó libre y asumió un escaño en la Cámara de Representantes, aunque semanas después retomó las armas y finalmente murió en un enfrentamiento en Venezuela en mayo de 2021, según versiones extraoficiales.
