A través de un comunicado publicado este sábado, la Procuraduría informó que pudo establecer que persiste la crisis en la ruta que conduce de Cúcuta a Bucaramanga, por donde transitan de 800 a 3000 migrantes de ese país cada mes.
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En este sentido, el delegado para los Derechos Humanos del ente de control, Javier Sarmiento, advirtió sobre 'la ausencia y el abandono de las entidades estatales responsables de la atención al migrante en los 198 kilómetros, a pesar de que al menos el 30 % de estos migrantes son niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias'.
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También, añadió, se han registrado en lo corrido del año, 113 mujeres gestantes y 154 madres lactantes en la ruta, sin recibir ninguna atención del estado. Esto además de otras vejaciones como la trata de personas con fines sexuales y prostitución infantil, entre otras que denuncian los caminantes.
El equipo del Ministerio Público visitó cinco puntos de atención al migrante financiados y operados en su totalidad por organismos de cooperación internacional, que tendrán que cerrar sus puertas en el segundo semestre de 2024 por falta de recursos, a pesar de múltiples solicitudes de apoyo que han elevado frente a las administraciones locales y al gobierno nacional.
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'Con la información recaudada y tras verificar el incumplimiento de las 167 recomendaciones hechas por el Ministerio Público para enfrentar la crisis migratoria, se citará en los próximos días a los gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirá compromisos puntuales para restablecer los derechos de estas personas vulnerables y se evaluarán medidas disciplinarias frente a los incumplimientos', indicó.
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