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La Procuraduría informó este martes en un comunicado que pidió a la JEP considerar la inclusión de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, mal llamados como falsos positivos, perpetradas en la Comuna 13 de Medellín y la región de Valle de Aburrá, como un nuevo patrón macrocriminal para ser investigado en busca de sus máximos responsables.

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'Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar, y de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad', se lee en la misiva al tribunal del paz.

En este sentido, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, advirtió que estos asesinatos cometidos por el Ejército Nacional tuvieron unas características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo cual propone en su documento de observaciones que se configure una modalidad de patrón única, que inicie desde el año 2002.

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'Este despliegue operacional concluyó en 11 acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares', agrega el ente de control.

Cuestiona el Ministerio Público al respecto que hay al menos 26 casos ocurridos en estas zonas urbanas que no aparecen en el registro oficial por haberse clasificado sin tener en cuenta esas características particulares.

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'La alta afectación en Medellín, en comparación con los otros municipios, es un indicador de que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención', reza el documento.

Finalmente, frente al macrocaso 03, subcaso Antioquia, la Procuraduría solicitó adoptar medidas urgentes para atender de manera prioritaria y con enfoque diferencial de género a las mujeres víctimas para efectos de constatar posibles hechos relacionados con violencias basadas en género, y garantizar la participación de víctimas cuya acreditación se realizó de manera tardía y prevenir los traslados fragmentados de información para las versiones voluntarias.

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