La Procuraduría informó este sábado en un comunicado que junto a la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal de Colombia, ejerciendo el rol de garantes de los acuerdos suscritos por el movimiento social paro cívico de Buenaventura y el Gobierno Nacional, advierten el bajo nivel de cumplimiento que no supera el 7% de los acuerdos suscritos entre las partes hace siete años.
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El grupo de garantes realizó los pasados 4 y 5 de junio una mesa de trabajo con los voceros del movimiento social paro cívico en la que se revisó el estado de cumplimiento de los acuerdos, en la que se estableció la necesidad de fortalecer los mecanismos para el seguimiento de los compromisos que se han priorizado y se recomendó la construcción entre las partes, de una batería de indicadores de impacto en derechos humanos.
'De igual manera los garantes harán los requerimientos a las autoridades e instituciones que firmaron las actas de acuerdos y ante la solicitud elevada por el movimiento social paro cívico de Buenaventura, realizarán un trabajo de formación aplicada dirigida a los miembros y voceros de este Movimiento, sobre mecanismos de exigibilidad de derechos tanto nacional como internacional, derecho disciplinario, incidencia y comunicaciones para la opinión pública', se lee.
Finalmente, el Ministerio Público hizo un llamado de urgencia al Gobierno, próximo a llegar a los dos años de su periodo, 'para que en el marco de los compromisos adquiridos y en especial en el contenido del artículo 288 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, revise el nivel de cumplimiento de los acuerdos, el cual a la fecha no ha sido modificado de manera significativa durante esta administración'.
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