A través de un comunicado, la Fiscalía reportó este domingo que fueron judicializados dos presuntos testaferros de Víctor Carranza, conocido como el 'Zar de las Esmeraldas'.
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Los sujetos habrían realizado maniobras ilícitas para apropiarse de 26.939 hectáreas de terrenos baldíos. Se trata de un abogado del esmeraldero fallecido y un exportador de piedras preciosas, socio de Carranza.
Los terrenos adquiridos ilegalmente están ubicados en zona rural de Puerto Gaitán, Meta, informó el ente acusador.
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'En 1992 el zar de las esmeraldas, por intermedio del abogado Fernandel Alonso recibió 26.939 hectáreas de terrenos baldíos ubicados en zona rural de Puerto Gaitán (Meta). Se presume que la negociación se dio aprovechando la norma que facultaba al antiguo Instituto de Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), a entregar terrenos baldíos a habitantes de la región que no los tuvieran, con el compromiso de no comercializarlas antes de 15 años', se lee.
El organismo de investigación penal observó que al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidas de Víctor Carranza fueran reconocidos como locales. Así lograron acceder a la mencionada extensión de terreno; misma que vendieron en 12 años después (2007). Los compradores fueron cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacense: un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos. El valor pactado alcanzo 743 millones de pesos.
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'Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán. Información en poder de la Fiscalía evidencia que de esta negociación habría participado el también comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García. Este último, al igual que Fernandel Alonso fueron imputados como posibles responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.Cargos no aceptados por Alonso', agrega el documento.
La Fiscalía precisó que debido a que Rojas García decidió ausentarse de la audiencia de imputación de cargos, sin pronunciarse sobre los delitos en su contra; la Fiscalía inició un nuevo proceso penal a él como posible responsable del punible de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
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Además, se investiga la aparente participación en estos hechos de corrupción de varios empleados de una notaría de Villavicencio (Meta) que habrían avalado los trámites que permitieron que los terrenos en cuestión fueran usufructuados por de manera irregular por más de 20 años, hasta cuando, en febrero de 2015 fueron anularon los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión. A pesar de esto la investigación determinó que varios de los beneficiarios no residían ni tenían una actividad económica en la región. También se habría recurrido a poderes falsos, muchos de estos firmados por personas que ya habían fallecido, documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades.
'Estas maniobras habrían permitido que Rojas García incrementara su patrimonio injustificado para los supuestos implicados, superior a los 6.000 millones de pesos', indica el boletín.
