La Procuraduría defendió este viernes en un comunicado su gestión tras emitir en días pasados un informe que alertó sobre la alta incertidumbre y la falta de reglas claras en la compra de tierras para campesinos en los programas de reforma rural integral, así como posibles irregularidades en la suscripción de promesas de compraventa por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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'El informe no constituye una oposición a la implementación de la reforma agraria o a los compromisos del Acuerdo de Paz. Por el contrario, exhorta al cumplimiento de las normas que rigen el proceso según la Constitución y la ley, requiriendo que se haga bien y no que se deje de ejecutar', se lee.
Frente a los riesgos de compra de tierras públicas, el ente de control disciplinario reiteró que, en al menos 18 casos, la ANT había advertido que los predios ofertados podían tener traslapes con cuerpos de agua como ciénagas o humedales.
Esta situación, agregó el Ministerio Público, exige que los estudios de títulos se realicen con mayor diligencia, ya que podría implicar bienes de propiedad del Estado y de uso público.
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Al respecto, Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, dijo que 'la propiedad privada en tales áreas no puede ser acreditada con la simple presentación de cadena de tradiciones entre particulares y exige asegurar que los linderos no hayan sido alterados en perjuicio de ciénagas o playones comunales, conforme a lo establecido por la Ley 160 de 1994 y el Código de Recursos Naturales'.
Añadió la Procuraduría que los procedimientos de deslinde de tierras de la nación, a cargo de la ANT, incluyen estudios de títulos para identificar tierras privadas y públicas.
Este proceso, precisó, debe aplicarse con la misma diligencia especial tanto para compras como para procesos agrarios.
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'Recomendar garantizar que las tierras adquiridas tengan condiciones óptimas para las posteriores adjudicaciones no hace imposible la compra ni paraliza la ejecución de la reforma agraria. Al contrario, asegura que se mejoren las condiciones de vida rural de los campesinos y se logre un desarrollo rural sostenido con estabilidad jurídica de sus derechos. Avanzar de manera ligera en la implementación de la reforma agraria sin un criterio técnico que oriente las acciones es tan problemático como la pasividad que fundamenta la deuda histórica del campesinado. Atender estos objetivos exige una voluntad decidida y un análisis de las mejores maneras de ejecutarlo', puntualizó el procurador delegado.
