Seyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, le propuso a la Fiscalía General de la Nación pagar una pena de cinco años en una guarnición militar y devolver $292 millones de pesos a cambio de aceptar los cargos por corrución en los que los que está involucrado.
'Me declararé culpable de forma preacordada por el delito de peculado agravado porla cuantía y de cuatro (4) eventos del delito de Falsedad ideológica en documento público', se lee en la carta enviada el ente acusador.
Cabe recordar que la audiencia de imputación de cargos se llevará a a cabo el 25 de julio a las 9 de la mañana.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron en febrero la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal) y otros congresistas a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
Según el informe de Noticias Caracol, todo comenzó el 11 de diciembre pasado cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos (unos 175 millones de dólares) a la UNGRD.
Luego esta Unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para obras en los municipios caribeños de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena, localidad fronteriza con Venezuela.
En una de las conversaciones, el ministro le manifestó a Pinilla que estaba 'preocupado' por el destino de los recursos de los 'proyectos viabilizados'.
Después, el exsubdirector de la UNGRD se contactó con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, que le pidió al exfuncionario de la Unidad avisar a los intermediarios que los contratos se iban a mover a través de esa entidad.
Para ello, las alcaldías de los municipios mencionados tenían que declarar falsas calamidades con las que se buscaba justificar los contratos, que finalmente no se firmaron porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carrotanques, que derivó en la renuncia de Pinilla y del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en febrero.
