La JEP reportó este viernes en un comunicado que dialogó con más de 20 entidades del orden nacional, territorial y local en una diligencia judicial para conocer la oferta institucional y financiera existente para la implementación de los proyectos restaurativos que tendrán que realizar los comparecientes para contribuir a la restauración de las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en la Costa Caribe.
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Esto en el marco del proceso de juicio que adelanta el Tribunal para la Paz contra 12 ex integrantes de la fuerza pública que aportaron verdad y aceptaron responsabilidad por los mal llamados 'falsos positivos' cometidos en esta zona del país.
'La diligencia tenía como fin identificar proyectos, programas y planes que estén en curso o previstos por las entidades y territorios en el norte del país; y que cumplan con las características requeridas para contribuir a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios afectados durante el conflicto armado. Al mismo tiempo, las magistradas y magistrados buscaban evaluar condiciones y garantías logísticas y presupuestales para su ejecución', se lee.
La convocatoria, explicó la corporación de justicia transicional, también buscaba generar un espacio de coordinación entre las entidades participantes, con miras a implementar trabajos, obras y actividades restaurativas a las que estarán vinculados los comparecientes de este subcaso.
“Nosotros tenemos el reto de emitir sentencias que tengan aptitud de construir paz. Son sentencias que se pondrán a prueba, y solo la voluntad de todos puede hacer que ellas cierren heridas y reparen las huellas de la barbarie”, dijo al cierre de la diligencia la magistrada Ana Manuela Ochoa, ponente de este subcaso en la Sección.
