La Fiscalía informó este sábado en un comunicado que otorgó principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora en el caso Odebrecht y a Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, en el caso Centro Poblados.
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Ambas figuras jurídicas serán presentadas ante jueces de control de garantías para su respectivo aval judicial.
El ente acusador explicó que en el caso Centros Poblados, la figura se adelantará mediante la suspensión parcial de la acción penal por el término de un año en desarrollo de la investigación que se sigue en su contra por el delito de peculado por apropiación.
'La negociación judicial dispone que Cáceres Bayona comparezca como testigo en la investigación que avanza en contra de otros presuntos vinculados en este caso de corrupción. Asimismo, acuerda que esté investigado restituya un total de 9.062 millones de pesos, dinero apropiado por él del anticipo del contrato 1043 de 2020 que tenía por objeto dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país. Cáceres Bayona ya hizo un primer reembolso por 3.302 millones. Los recursos restantes por restituir ascienden a $5,760.427.303', se lee.
Y en el caso Odebrecht, el principio de oportunidad se aplica la modalidad de renuncia de la acción penal bajo inmunidad parcial, por la investigación que se sigue en su contra por el delito de lavado de activos dentro del caso Odebrecht.
'Dumar Lora contribuyó a que se impartiera justicia y reparación respecto de los hechos de corrupción de Odebrecht, al cumplir los compromisos adquiridos y al declarar de manera voluntaria, con lo cual ha aportado al avance de la investigación y a la imposición de condenas contra otros involucrados en estos procesos, entre ellos los excongresistas Antonio del Cristo Guerra de la Espriella y Bernardo Miguel Elías Vidal', indicó el organismo de investigación penal.
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Recuerda el documento que Dumar Lora fue el representante legal de un consorcio que suscribió dos contratos con el Concesionario Ruta del Sol II para la ejecución de obras civiles, pero a través de una cesión de derechos a una empresa ficticia recibió $6.558.122.125. Este dinero lo custodió, administró y dio apariencia de legalidad para luego ser entregado a manera de coimas a funcionarios públicos y particulares intervinientes en el entramado delincuencial. El procesado recibió $175.015.126, por lo cual reintegró, en valor actualizado, $215.000.000.
'Fue acusado el 15 de marzo de 2019 por cuatro eventos de lavado de activos y cinco de enriquecimiento ilícito de particulares; purgó una pena de 4 años y 6 meses de prisión como responsables de estas últimas conductas, pena que le fue impuesta en junio de 2020', puso de presente la Fiscalía.
