Dos años han pasado desde que la congresista María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, le impuso la banda presidencial a Gustavo Petro, un acto que rompió el protocolo (históricamente un hecho adjudicado al presidente del Congreso) en el inicio del primer Gobierno de un partido político de izquierda en la historia de Colombia. Aquel génesis del nuevo mandato estaba cargado de simbología, promesas de cambios y distanciamiento de las tan criticadas acciones viciadas de liderazgos anteriores; sin embargo, hoy el escenario ha perdido tanto color como credibilidad.
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Petro afronta un duro chaparrón en el ecuador de su presidencia, originado –especialmente– por una seguidilla de escándalos de corrupción que han estallado en el seno de su círculo más cercano: Nicolás Petro, su hijo, investigado por lavado de activos; Juan Fernando Petro, su hermano, salpicado en supuestos tratos con narcotraficantes en las cárceles del país; Laura Sarabia, su mano derecha, señalada de abuso de poder y de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, imputado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
