La JEP informó este miércoles en un comunicado que 31 víctimas de los atentados con 'rockets' que las extintas Farc lanzaron en Bogotá el 7 de agosto de 2002 fueron acreditadas para participar en el proceso judicial del Caso 10.
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Se trata de sobrevivientes y familiares de los afectados por los ataques que perpetró la antigua guerrilla el día de la posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante el Congreso.
'Ese día, exintegrantes de la antigua guerrilla, presuntamente del Frente Urbano Antonio Nariño, lanzaron 14 'rockets' a diferentes horas y en distintos lugares de la capital. A las 9:15 de la mañana cayó el primero en la Escuela de Cadetes José María Córdova. A las 3:15 de la tarde, cuando el expresidente Uribe oficializaba su llegada al poder, miembros de ese antiguo grupo armado lanzaron varios 'rockets' más. Uno cayó en el parqueadero de la Casa de Nariño, otros en el Congreso, así como en el barrio San Victorino y 'El Cartucho', una zona donde vivían personas en condición de habitabilidad de calle. Por ese atentado, alrededor de 27 personas murieron y 69 terminaron heridas', recordó el tribunal de paz.
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Para encontrar específicamente a las víctimas de los atentados, la Jurisdicción ordenó inspeccionar las secretarías de Salud e Integración de la Alcaldía de Bogotá; la Alcaldía local de San Cristóbal y el Batallón de Infantería número 37 ‘Guardia Presidencial’ del Ejército. Además, por orden judicial, accedió a diferentes bases de datos para obtener datos de contacto, se lee.
Por ello, el 22 de junio de este año, la JEP realizó una jornada en la que por primera vez víctimas de este atentado se reunieron, se conocieron y decidieron acreditarse voluntariamente ante la Jurisdicción.
'Para acreditar a las víctimas, la JEP conoció que el 2 de marzo del 2005, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a varios exintegrantes de las FARC por estos hechos. Recibieron penas de entre 26 y 40 años de cárcel. A ellos les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, terrorismo agravado, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio', indicó la JEP.
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Finalmente, el tribunal de paz anunció que se alista para realizar nuevos llamados a versiones a los comparecientes de la extinta guerrilla que les permitan a las víctimas esclarecer estos hechos, y aseguró que las víctimas recibirán acompañamiento psicosocial, tendrán acceso a un abogado gratuito, tendrán la posibilidad de hacer preguntas y presentar observaciones sobre lo que digan los exguerrilleros en las audiencias. Asimismo, podrán participar en la definición de los proyectos de sanciones que se impongan a los comparecientes.
