El Gobierno nacional, en el marco de su cuestionado proyecto de Paz Total, abrió dos nuevos espacios de diálogo con grupos armados ilegales: el Ejército Gaitanista de Colombia, conocidos como el Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, dos organizaciones que -a diferencias del EMC y el ELN- son herederas del paramilitarismo y están ligadas netamente al narcotráfico.
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En la actualidad, el Clan del Golfo y las ACSN no cuentan con estatus político, una situación jurídica que ha generado incertidumbre por el futuro que puedan tener los procesos en materia de sometimiento a la justicia.
En este sentido, la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, señaló que: 'Las implicaciones de una posible negociación política entre el Clan y el gobierno son bastante relevantes, ya que, si se utiliza el mecanismo de sometimiento a la justicia los beneficios son menores que en una negociación política, debido a que desde un eventual sometimiento a la justicia existen penas de entre 6 hasta 8 años de cárcel y 4 años de libertad condicional para aquellos cabecillas de alto rango responsables de delitos de lesa humanidad, adicional a esto, el Clan se sometería a entregar casi la totalidad de los bienes, quedándose con nada más que el 6%. En cambio, en una posible negociación política las penas, exigencias y beneficios se negociarían entre las dos partes, por medio de consensos y acuerdos'.
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'La decisión de otorgarle estatus político el Clan del Golfo es de suma delicadeza, por las grandes diferencias que supone la elección de un mecanismo de negociación en específico', indicó el observatorio.
Por su parte, los investigadores Reynell Badillo Sarmiento y Luis Fernando Trejos Rosero argumentan que al Clan del Golfo se le debería catalogar como 'un grupo armado politizado'.
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'Aun cuando la organización armada no nació con una clara intención política, con el tiempo se ha construido una ideología política que se caracteriza por justificar su existencia como una respuesta al sistema político', indicaron.
En la actualidad, el Clan del Golfo es con casi 10 mil hombres la organización criminal más grande del país, superando incluso a las disidencias de las Farc y el ELN, y obteniendo rentas económicas prácticamente desde todos los sectores, incluyendo alianzas con colectivos políticos.
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'Con base en esto, se puede inferir que el Clan ha instrumentalizado la discursividad política para conseguir reconocimiento y legitimidad que le otorgue un estatus político que pueda serle beneficioso ante eventuales negociaciones de paz, a pesar de que sus prácticas criminales contradicen constantemente los valores que afirman defender', concluyó Pares.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la presencia, injerencia o tránsito de las AGC entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84 %, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392 este año.
Por su parte. las ACSN han extendido sus tentáculos mucho más, hasta el punto de que han recuperado territorios perdidos como Ciénaga, se han expandido hacia La Guajira y, poco a poco, con sus más de 800 hombres, según la Oficina del Alto Comisionado de Paz
