El Gobierno colombiano facultó a las Fuerzas Militares, especialmente al Ejército y a la Armada, para destruir maquinaria pesada usada para la extracción ilícita de minerales, algo que antes solo podía hacer un pequeño grupo especializado de la Policía, informó este viernes el Ministerio de Defensa.
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La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Daniela Gómez, aseguró que con la medida adoptada por el Gobierno se triplican las capacidades 'para la lucha contra la extracción ilícita de minerales atacando las economías que empobrecen el territorio y contaminan el medioambiente'.
Antes de la expedición del decreto que faculta a las Fuerzas Militares para destruir este tipo de instrumentaria (llamada 'maquinaria amarilla') utilizada en actividades ilícitas era potestad de un fuerza especial conformada por la Policía.
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'Hoy ya todas las Fuerzas Militares, la Armada especialmente y el Ejército con apoyo de la Fuerza Aérea, podrán adelantar esas labores', acotó Gómez.
Con la medida se espera que la lucha contra la minería ilegal dé mejores resultados que 'redunden en un bienestar para la naturaleza y para las personas que habitan los territorios', concluyó la viceministra.
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El Ministerio de Defensa informó que este año han sido destruidas o incautadas 387 unidades de maquinaria amarilla, 37 % más que en 2023; y se han incautado o destruido 683 unidades de otra maquinaria, 44 % más que en 2023.
Las autoridades señalan al Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país, como la principal organización dedicada a la minería ilegal, de la que obtienen millonarias ganancias para financiar sus actividades, entre ellas la compra de armas.
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A comienzos de este mes, el Gobierno colombiano dijo que abrirá un 'espacio de conversación sociojurídico' con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Al contrario de las otras tres mesas de negociaciones instaladas -con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia- se trata de un espacio de conversaciones sociojurídicas, ya que el Gobierno no le reconoce a las AGC un estatus político, y por tanto es un sometimiento a la justicia.
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El Clan del Golfo sostiene que quieren una negociación política como la que ya hay en marcha con esos otros grupos y apuntan que sí tienen una intención política.
