La Defensoría del Pueblo presentó este martes el VI Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, advirtiendo que el proceso sigue andando a paso lento.
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Al respecto, el defensor del pueblo, Julio Balanta Mina, dio cuenta de un panorama preocupante sobre las obligaciones del Estado y señaló que en materia de cumplimiento aún falta por hacer.
'Se requiere el robustecimiento de la arquitectura institucional, con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública; así mismo, es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); igualmente, registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo', se lee.
Agrega la entidad del Ministerio Público que en lo que tiene que ver con tierras, subsiste la falta de claridad en las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación.
'De 21.132 predios ingresados, solamente el 37.84% ha sido adjudicado. De más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26', indica el reporte.
Además, sostiene el organismo que la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances. En la ruta individual, 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite.
'Al primero de enero del 2024 fue reportado el 12,40% del área geográfica del país con información actualizada con catastro multipropósito. En términos reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo el 3%. En lo que refiere al Plan de Zonificación, presenta un avance del 6.35%, siendo el más bajo en comparación con los otros 15 planes', expone el documento.
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Y en materia de PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), el avance durante el periodo analizado (con corte al 31 de abril del 2024) es del 1% en comparación con lo reportado por la Defensoría en su informe anterior, en el que se indica un porcentaje de avance del 44% (15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en los patrones establecidos), informa la Defensoría.
'Otro aspecto que preocupa a la Defensoría está relacionado con la violencia, lamentablemente persisten los escenarios de riesgo para el ejercicio de su labor de lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos: hay un registro de 57 casos de homicidios entre enero y abril del 2024', señaló Balanta Mina.
Advirtió en este sentido todo que 'si no hay seguridad en los territorios rurales del país, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos por economías lícitas, ni restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada. La seguridad territorial es un tema en el que la Defensoría del Pueblo ha insistido y seguirá insistiendo. Con las Alertas Tempranas emitidas ha advertido de qué manera los grupos armados no estatales están copando zonas rurales y ejerciendo el control en los territorios. Para que el campesino, el indígena, el afrodescendiente o cualquier colombiano pueda explotar la tierra entregada o retornada o desarrollar un proyecto productivo lícito, es necesario que las condiciones de seguridad se lo permitan, y en ese sentido las entidades gubernamentales deben garantizarlas'.
Insistió por ello la entidad en la necesaria articulación interinstitucional y apuntó que la reforma agraria, por ejemplo, debe vincular a todos los actores, porque no se trata solamente de entregar tierra a quien no la posee, implica el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos administrativos represados, la aplicación de la Sentencia SU-288 para la recuperación de baldíos, el respeto de derechos adquiridos de buena fe.
