El presidente Gustavo Petro volvió esta semana a denunciar, sin pruebas, la gestación de un nuevo intento de golpe de estado en su contra. Las gravísimas declaraciones del mandatario, que se han repetido, por todo y nada, una y otra vez, desde que llegó a la Casa de Nariño, apuntan esta vez hacia el Consejo Nacional Electoral, CNE, que en la actualidad se encuentra estudiando la posibilidad de formularle cargos por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña electoral en 2022.
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Las acusaciones del jefe de Estado son de vieja data. En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, Petro arremetió contra la Procuraduría General de Colombia, que decidió destituirlo de su cargo e inhabilitarlo durante 15 años por presuntas irregularidades en el proceso de desprivatización de basuras. En ese entonces, catalogó la decisión como un “golpe de estado” contra el gobierno progresista de la capital.
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De ahí, en adelante, pasando de su etapa como candidato a la presidencia hasta la de ser el principal huésped de la Casa de Nariño, el mandatario no ha parado de sacar esta ‘carta’ cuando su agenda se ve interrumpida por el naufragio de una reforma, la crítica de la prensa, la revelación de un escándalo de su círculo cercano, la investigación de algún órgano de control a sus proyectos o la postura, en contravía suya, de otro poder del estado colombiano como las altas cortes, un sistema de contrapesos plasmado en la constitución que ha levantado más de una ampolla.
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En medio de las polvaredas que levantan sus denuncias, que casi nunca trascienden, el presidente ha aprovechado la coyuntura para agitar sus bases más populares e invitar a sus seguidores a una movilización en las calles para defender su mandato, una postura que ha empezado a hartar a sectores independientes que han apoyado su Gobierno.
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“Si van a intentar un golpe enfrentarán al pueblo en las calles. Si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles defenderá la democracia y la voluntad popular”, dijo en un discurso en Bogotá con motivo del Día de Trabajo.
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Ahora, Petro, que en su momento denunció que un grupo de empresarios se reunieron en Barranquilla para sacarlo del cargo, advirtió que los movimientos del CNE son igual o mucho más peligrosos que los reparos que existen sobre el régimen de Nicolás Maduro.
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“Este tipo de declaraciones son muy típicas de momentos de crisis porque tienen un poder cohesionador dentro del grupo que siente amenazada su posición. En el caso del presidente Petro considero que este tipo de declaraciones se han multiplicado injustificadamente, ya que cualquier declaración o acto político de oposición a su gobierno tiene un tinte golpista o desestabilizador. No toda oposición o crisis es antidemocrática y creo que el presidente debe aprender esto, particularmente que si quiere sacar adelante sus reformas en democracia debe negociar y abrirse a conversar con otras fuerzas políticas porque lo que le sucede al gobierno es que los números le faltan para aprobar sus iniciativas y su popularidad sigue cayendo en la opinión pública lo que demuestra su paulatino aislamiento”, aseguró Manuel Camilo González, docente de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.
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De acuerdo con el experto, la postura del presidente –además de polarizar mucho más los distintos sectores del país- tiene una vertiente con muchos puntos en común que han sacado a relucir varios gobiernos de izquierda en Centroamérica y Sudamérica en los últimos años, especialmente cuando sus acciones empiezan a ser cuestionadas.
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“Primero, crea incertidumbre sobre el rumbo que el gobierno pueda tomar para lograr mayor margen de gobernabilidad como por ejemplo, radicalizarse o aislarse aún más frente los actores políticos y sociales que lo adversan. Dos, es un síntoma de la polarización que todavía el país no logra superar. Colombia ha tenido una suerte de polarización afectiva ya que lo que se ve es que la figura del presidente divide más que las propuestas programáticas. Hay un sustituto tóxico del debate de las ideas que es esta adhesión a los actos presidenciales sin medir las consecuencias para el sistema político. Y tercero, creo que esto ya es una tendencia muy típica de gobiernos en la región que alzan la red flag de la desestabilización para fortalecerse en momentos de crisis. No solo pasa en Colombia, pasa y ha pasado en Bolivia con la interna Evo-Arce, las declaraciones de AMLO en México y, recientemente en Honduras con la presidenta Xiomara Castro de Zelaya como algunos ejemplos significativos de esta tendencia”, agregó.
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Renglón seguido, Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, consideró que uno de los problemas de las denuncias del presidente Petro es que carecen de base, contexto y nombres propios para validarlas, otorgándole alimento a los férreos sectores de oposición, que cada día deslegitiman mucho más las intervenciones del jefe de Estado.
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“El problema que tiene esta narrativa es que el presidente la utiliza cada vez que hay una crisis de gobierno o de una decisión que él toma no da el resultado que espera y en este sentido utiliza o apela a esta figura, pero no anexa pruebas o evidencias que comprueben que eso está sucediendo. Tampoco desarrolla la teoría. Él no dice en qué consiste, quiénes están involucrados, cuál es el efecto que se busca, sino que es como una carta que se saca de la manga cada vez que tiene problemas de gobernabilidad y eso también serviría para la irresponsabilidad en la medida en que hay cosas que no están funcionando, no porque él no haya podido resolverlas sino porque hay otras instituciones del estado que están saboteando la acción del gobierno”, señaló.
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“Hay unos sectores de oposición que abiertamente han manifestado las posiciones adversas frente al gobierno, pero que también ha tenido tensiones o muchas prevenciones con algunos sectores especialmente económicos con los cuales abiertamente mandó bien una distancia, como sectores comerciales y empresariales, pero de ahí a que se esté fraguando un golpe de estado o algún tipo de ruptura institucional que no permita que el presidente termine su mandato de gobierno, creo yo que hay una distancia muy grande”, agregó.
En este sentido, Ángel Tuirán, director académico del Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe (IDEPI), consideró que las denuncias se han dado en “el marco de las garantías procesales y el sistema de frenos y contrapesos”.
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“Si el Presidente no aporta pruebas de la conspiración en su contra, sus declaraciones quedaron más en el campo del temor y las suposiciones, que en el de acciones concretos de sus opositores, para impedir la terminación de su mandato. Parece más un rechazo del Presidente al sistema de frenos y contrapesos, propio del sistema democrático”, explicó.
