La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva circular para que las autoridades competentes implementen medidas integrales de seguridad en los territorios anete los recientes casos de amenazas y prácticas para silenciar a los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Lea también: Colombia, aislada de red de inteligencia mundial por revelación de Pegasus
En este sentido, el Ministerio Público exhortó a la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio Del Interior y a la Unidad Nacional de Protección; a implementar acciones concretas y contundentes para fortalecer los mecanismos de protección, así como la activación de rutas de atención integral en aras de garantizar su seguridad y la de sus familias.
En 2023 Colombia fue nuevamente el país más peligroso del mundo para defender el medioambiente y la naturaleza, actividad que le costó la vida a 79 personas, cifra que supone el 40 % de los asesinatos de líderes ambientales en el planeta, informó este lunes la ONG Global Witness.
Lea también: “Lo que dije es verdad”: Petro sobre la familia Vargas Lleras
Esta cifra es además la más alta registrada en un país desde que Global Witness monitorea las amenazas y homicidios de líderes ambientales, labor que empezó en 2012.
'Nunca habíamos tenido una cifra tan desproporcionalmente alta', lamentó Laura Furones, asesora de la organización y directora del informe.
Lea también: Estamos frente a un Electricaribe II: Minhacienda sobre intervención a Air-e
En poco más de una década, 461 defensores han sido asesinados en Colombia, país que tiene ahora el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023.
De los 79 líderes asesinados en 2023, 31 eran indígenas y seis afrodescendientes, precisó el informe, que destacó que 'la inmensa mayoría de los ataques se producen en las regiones suroccidentales de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7)'.
Lea también: Sectores políticos lanzan críticas a la reforma a la salud 2.0 del Gobierno
Finalmente, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios les notificó que, a partir de la fecha, deberán remitir mensualmente las actuaciones desplegadas en el marco de sus competencias para el cumplimiento de lo previsto en la Circular y en el ratificado Acuerdo de Escazú, atendiendo las amenazas y afectaciones a los derechos de los líderes ambientales descritos en el informe de Global Witness.