Colombia pidió 'perdón' ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la cruenta toma del Palacio de Justicia en 1985, lo que no bastó para familiares de las víctimas, que exigen castigo para los culpables.
La CorteIDH, que celebra en Brasilia su 49 período de sesiones extraordinarias, realizó la primera de dos audiencias orales sobre el caso de la toma del Palacio de Justicia, que hace 27 años dejó más de cien muertos y doce desaparecidos.
En la primera audiencia, la directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, inició su presentación con un pedido de 'perdón' por hechos que calificó de 'dolorosos', 'sin precedentes' en la historia colombiana y que abrieron 'heridas aún no cicatrizadas'.
Al iniciar su intervención ante los magistrados de la CorteIDH, Guillén pidió incluso a todos los miembros de la delegación del Estado colombiano que permanecieran de pie en señal de 'respeto a las víctimas'.
El caso se refiere a lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 desde el momento en que el hoy disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó al Palacio de Justicia en Bogotá.
Ese día 6, unos 35 miembros del grupo guerrillero ocuparon el edificio bogotano; tomaron como rehenes a unas 350 personas, y las Fuerzas Armadas lo recuperaron al día siguiente mediante una encarnizada acción militar en la que murió un centenar de personas y que dejó doce desaparecidos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la CorteIDH, el Estado colombiano todavía debe una 'respuesta' que garantice la 'justicia', el 'reconocimiento' de las violaciones ocurridas y una 'reparación' a las víctimas.
Así lo recalcó el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, quien afirmó que 'se constató que después de la retoma del Palacio hubo torturas físicas y psicológicas' y sostuvo que 'los casos de desapariciones y torturas siguen impunes'.
Orozco admitió que, 'aunque algunos militares fueron condenados' por su responsabilidad en los hechos, ninguna de las sentencias se ha ejecutado hasta hoy.
El presidente de la CIDH valoró el 'reconocimiento parcial' hecho por el Estado colombiano, pero aseguró que aún 'faltan los efectos jurídicos concretos de ese reconocimiento', que todavía no incluye a varios de los casos de torturas y a algunos de los desaparecidos.
Por las víctimas, habló en primer lugar Pilar Navarrete, esposa de uno de los doce desaparecidos, quien rechazó el 'reconocimiento parcial' del Estado y exigió 'justicia' para las víctimas de lo que llamó 'holocausto del Palacio'.
Navarrete consideró la posición del Estado 'oportunista' y dijo que, pese a ese 'reconocimiento parcial', aún se niega a aceptar que hubo torturas y a encarcelar a los responsables, algunos de ellos ya condenados por la justicia.
'No se puede negar que ejecutar, torturar, desaparecer y ocultar pruebas para esconder la verdad fue deliberado', afirmó Navarrete, quien justificó la demanda ante la CorteIDH en que 'nunca el Estado reconocerá la verdad por voluntad propia'.
También en nombre de las víctimas declaró Yolanda Santodomingo, quien en la época de los hechos era estudiante de derecho. Contó que visitaba el Palacio de Justicia cuando fue ocupado por el M-19 y logró salir con vida, aunque fue tomada por guerrillera, detenida y torturada.
Durante la retoma, explicó que fue golpeada y amenazada por policías vestidos de paisana, que luego la llevaron a una comisaria y que fue finalmente liberada, pero bajo amenazas que perduraron durante años. 'Quiero justicia y protección', dijo entre sollozos.
