La fase oral del proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, sigue contra el Estado por la toma del Palacio de Justicia, en 1985, concluyó ayer con polémicas sobre el concepto de desaparición forzada.
La audiencia de la CorteIDH en Brasilia estuvo signada por diferencias entre el Estado y familiares de las víctimas en relación a los desaparecidos que dejó esa cruenta acción del M-19 y la encarnizada respuesta del Ejército.
La justicia ha reconocido que, además de un centenar de muertos, en el asalto al Palacio hubo al menos once desaparecidos, aunque para algunos organismos de derechos humanos fueron doce o más.
El abogado Julio Sampedro, de la Agencia de Defensa Jurídica, dijo ante la CorteIDH que en algunos casos denunciados no cabe el concepto de desaparición forzada y que en otros no existen las debidas pruebas.
El abogado subrayó la 'preocupación que el Estado ha tenido con los derechos humanos en los últimos años' y su 'rechazo absoluto a la desaparición forzada'.
Sampedro planteó incluso la diferencia entre el concepto de desaparecido por razones políticas y 'el desconocimiento del paradero de las víctimas'.
En la última audiencia también declaró Jaime Castro, quien era ministro de Gobierno, y afirmó que el único objetivo del M-19 con ese ataque era la 'toma del poder'.
Concluida la fase oral, el Estado, los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que remitió el proceso a la corte, tendrán un plazo aún no establecido para presentar sus últimos alegatos por escrito.
Tras un último análisis de esos documentos, la CorteIDH dejará el caso visto para sentencia, la cual espera dictar durante el próximo año.
Un maltrato más
Los familiares de las víctimas respondieron a través de la abogada Viviana Krsticevic, miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, quien se declaró 'sorprendida por esa declaración', que calificó como 'un maltrato más a las víctimas'. 'Hemos probado reiteradas veces que los desaparecidos no están perdidos, que fueron detenidos y que no aparecieron más. Hemos probado que ha habido amenazas y que, además de personas, desaparecieron pruebas, y eso fue obviamente con el ánimo de limitar la investigación', dijo.
