Horas antes de que se conociera de la renuncia del exministro de Minas, Tomás González, se había filtrado a los medios de comunicación la apertura de una investigación formal en su contra por parte de la Procuraduría, a raíz de la firma de contratos de una empresa de su familia con entidades oficiales.
El Ministerio Público intentará establecer si hubo algún tipo de injerencia o intervención de González sobre la contratación de la empresa Connecta SAS con entes estatales, para lo que se ordenaron como pruebas documentales los contratos celebrados por esta compañía desde 2009, así como varios testimonios de particulares y funcionarios.
Connecta fue constituida el 17 de abril de 2009 por González, su esposa Ángela Baena, su cuñada Liliana Baena y su suegra, María Sierra. Pero en 2010, fue nombrado viceministro de Minas –segundo del titular atlanticense Carlos Rodado Noriega–, sobre lo que él mismo ha explicado que ese mismo año vendió el 20 por ciento de su participación en la empresa a su concuñado Michael Greiffenstein.
De esta manera, el ente de control disciplinario deberá determinar si González, desde su cargo como viceministro, o como ministro desde 2014, ejerció algún tipo de influencia para que Connecta se alzara con al menos nueve contratos con el Fondo para la Paz y con el Ministerio de Educación, con sus respectivas adiciones entre 2012 y 2015, por más de 6.200 millones de pesos.
La Procuraduría, en medio de la pesquisa, escuchará los testimonios de Ángela Baena –la esposa del exministro–; del viceministro de Educación, Luis Enrique García; del secretario general del Ministerio de Educación, William Mendieta; del concuñado del exministro y de la directora del Fondo para la Paz, María Inés Restrepo.
A los demás ministerios, les pidió el organismo de investigación disciplinaria informar si hay contratos celebrados con Connecta, y a la empresa declarar si ganó más contratos con el sector público.
Además, la entidad solicitó al Partido de La U que aclare el papel que tuvo la empresa Connecta en las campañas presidenciales de Santos, y el gerente de campaña, Roberto Prieto, fue citado a declarar.
Los objetos de los contratos suscritos con la encuestadora Connecta fueron los de medir la percepción de la población frente al proceso de paz y la gestión del Gobierno, entre otros, a través de la elaboración, ejecución y análisis de encuestas. El objeto social de la empresa, creada con un capital de 10 millones de pesos, es el de prestar servicios de consultoría personalizada basada en investigación económica y de mercado.
