Hace 52 años, tras el ataque del Ejército a la República Independiente de Marquetalia –un territorio al sur del Tolima habitado por campesinos comunistas alzados en armas que no reconocían la autoridad del Estado–, se crearon las Farc-Ep, bajo el mando del fallecido comandante Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o ‘Tirofijo’. Desde entonces, hasta hoy, el país ha vivido un conflicto armado interno que ha dejado más de 8 millones de víctimas.
Al mediodía de este jueves, para la historia, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, comandadas por Timoleón Jiménez, o ‘Timochenko’, presentarán el acuerdo logrado en materia del fin del conflicto, que comprende el desarme, la desmovilización, las garantías de seguridad de los guerrilleros y el cese el fuego, de hostilidades, bilateral y definitivo.
El acuerdo fue alcanzado en la madrugada de ayer e inmediatamente en las redes sociales comenzó a ser promovido el #ElÚltimoDíaDeLaGuerra.
'Para que cese la horrible noche y se abra el camino de la paz y la esperanza. El Jueves 23 de junio anunciaremos #ElÚltimoDíaDeLaGuerra', fue uno de los trinos de alias Carlos Antonio Lozada, negociador de las Farc, que dio el parte informativo de que la subcomisión técnica para el fin del conflicto había entregado el acuerdo de cese al fuego bilateral.
'Nuestro saludo y reconocimiento a los Oficiales de la subcomisión técnica del Gobierno. ¡Cumplimos!', dijo.
Aunque el contenido del acuerdo aún es desconocido, los recientes anuncios que llegan desde La Habana, y en especial el comunicado conjunto emitido horas después por las partes, dan luces de lo que podría contener lo firmado en el punto tres de la agenda de diálogos.
'Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las Farc informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; la dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales (...), incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo', dice el documento.
Los detalles de cada puntos serán conocidos hoy, en un acto protocolario al que asistirá el presidente Juan Manuel Santos, quién no viaja a La Habana desde el histórico apretón de manos con ‘Timochenko’, el pasado 23 de septiembre al firmar el punto de Víctimas y Justicia.
A la ceremonia asistirán los presidentes Michelle Bachelette y Nicolás Maduro, de Chile y Venezuela, respectivamente, facilitadores de los diálogos. Junto a ellos estará los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez, y de República Dominicana, Danilo Medina.
Por Cuba el presidente Raúl Castro y por Noruega el canciller Borge Brende. También estarán presentes los enviados especiales de Estados Unidos, Bernard Aronson, y de la Unión Europea, Eamon Gilmore.
Zonas de concentración
A La Habana viajará el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en compañía de los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, lo que confirma el papel protagónico que tendrán las Naciones Unidas en la verificación del cese el fuego y la entrega de armas de las Farc.
Así fue estipulado desde enero cuando el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 2261 en la que da vía libre a una misión política de verificación al cese del fuego bilateral. Esta misión deberá ser integrada por un grupo de expertos de los países miembros de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), cuyo presidente provisional, el mandatario de República Dominicana Danilo Medina, también estará presente en la firma del acuerdo.
El alcance de esta misión es una de las dudas que se espera sean resueltas hoy, junto con la delimitación de cuántas y cuáles serán las zonas de ubicación temporal de las Farc.
En reciente publicación, la fundación Paz y Reconciliación delimitó un mapa con 32 posibles zonas de concentración de las Farc en todo el territorio nacional, tres de ellas ubicadas en la Región Caribe, en los municipios de Fonseca (La Guajira), Becerril (Cesar) y San Pablo (Bolívar).
De acuerdo con esta investigación, y con lo estipulado en la Ley de Orden Público que faculta al presidente para crearlas, las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), no podrán quedar en zonas urbanas ni fronterizas, su extensión debe ser pequeña (dos veredas aproximadamente) y tampoco podrán estar en zonas de cultivos ilícitos o minería ilegal. El tiempo que operarán sería de entre seis meses y un año.
Dejación de armas
Lo que se conoce es que la dejación de armas se dará en las zonas de concentración. Sin embargo, aún no hay precisión sobre cuánto durará este proceso.
El pasado 23 de septiembre, Santos y ‘Timochenko’ acordaron que en seis meses, a partir de la firma del Acuerdo final de paz, las Farc deberían iniciar el proceso de desarme. A pesar de que la esperada rúbrica final no ha sido escrita, el cierre del punto sobre el fin del conflicto supone que el proceso de concentración debe iniciar más pronto que tarde, por lo que los tiempos de la dejación podrían adelantarse.
No obstante, el artículo cinco del Acto Legislativo para la paz, que ata la implementación de lo pactado en La Habana a una victoria en el plebiscito por la paz, o cualquier otro mecanismo que se determine para refrendar el Acuerdo final, podría ser una piedra en el zapato para iniciar la dejación.
En La Habana aún no se ha discutido el punto de la refrendación, mientras que en Colombia la Corte Constitucional no le ha dado el visto bueno al plebiscito. Si la paz llegase a firmarse el 20 de julio, como lo insinuó Santos hace dos días, y la Corte se pronuncia en ese tiempo, todavía restaría la convocatoria que debe hacer el presidente y un mes de campaña por el ‘sí’ y el ‘no’ para acudir a las urnas.
Es decir, en los cálculos más optimistas, las Farc podrían durar concentradas y armadas, por lo menos, tres meses antes de iniciar la dejación o entrega de los fusiles. En ese tiempo, no obstante, ya estaría operando el cese el fuego bilateral.
Garantías de Seguridad
Un punto que frenó la firma de la paz el pasado 23 de marzo tuvo que ver con los desacuerdos frente a las garantías de seguridad que tendrían los guerrilleros una vez dejen las armas.
Así lo expresaron las Farc en un comunicado emitido en abril pasado, en el que afirmaban que 'con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la paz'.
De acuerdo con lo anunciado ayer, hoy también se conocería cómo sería el modelo de seguridad para los líderes guerrilleros desmovilizados y el plan del Gobierno para combatir el paramilitarismo o los grupos criminales herederos de este fenómeno.
Al respecto ya se conocen algunos detalles como que la protección de los guerrilleros que hagan tránsito a la vida política estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección, que implementaría esquemas de seguridad mixtos mezclando miembros de las Fuerzas Armadas y exguerrilleros desmovilizados.
Es decir, sería un modelo similar al implementado con el M-19 a principios de los 90 que contó con una amplia participación de reinsertados en los esquemas de seguridad de cabecillas que pasaron a ser líderes de su movimiento político.
'Estamos trabajando activamente en la construcción de los protocolos para que una vez se culmine el proceso de reincorporación, proteger a las personas que hagan tránsito al partido político de las Farc. El Estado colombiano, a través de la UNP, garantizará la seguridad de estas personas', dijo el mes pasado Diego Mora, director de la UNP.
Mora también explicó que se utilizarán vehículos blindados, chalecos y 'algunos otros medios tecnológicos', en los esquemas de seguridad. Precisó que no todos los guerrilleros contarán con uno y que en cualquier caso los reinsertados que presten servicios de guardaespaldas a sus excomandantes deberán pasar por un entrenamiento por parte de la UNP.
Según información filtrada por la prensa, hace por lo menos doce días estaría listo el acuerdo sobre este punto. Sin embargo, las delegaciones prefirieron esperar a cerrar por completo todo lo referente al fin del conflicto para dar el anuncio.
Entre lo pactado estaría la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de hacer un seguimiento periódico a los esquemas de seguridad de los guerrilleros y de garantizar que estos no sean asesinados una vez dejen las armas.
