Bogotá. La ONU celebró hoy en su informe anual sobre los derechos humanos en Colombia los avances que se han producido el último año en el país, en plena fase final de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, y advirtió de los retos que afrontan en los albores del posconflicto.
El informe, elaborado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentado hoy en Bogotá, comienza con un 'sincero reconocimiento' a los avances que el Gobierno y las FARC han tenido en la mesa de diálogos, lo que ha permitido que mejore la situación en el país.
En el acto de presentación estuvieron el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, el representante adjunto, Guillermo Fernández-Maldonado, y la coordinadora interina de la ONU en el país, Belén Sanz, quienes repasaron la situación nacional.
Howland señaló que entre agosto y noviembre, el país registró 'el nivel más bajo de los últimos 50 años de acciones ofensivas en el marco del conflicto armado, gracias a las medidas de construcción de confianza'.
Entre esas acciones está el cese el fuego unilateral que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron el pasado 20 de julio y que fue respondido por el Gobierno con una suspensión de los bombardeos contra los campamentos guerrilleros.
En este contexto, observaron que las negociaciones de paz han evitado muchas violaciones de derechos humanos, pero 'la aguda situación humanitaria generada por diversos actores' armados siguió afectando 'de forma desproporcionada' a las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas en 2015, según el informe.
Howland también mostró su satisfacción porque haya habido actos de reconocimiento por parte de los responsables de violaciones de derechos humanos durante el conflicto.
En este sentido se refirió al pedido de perdón que hizo el presidente Juan Manuel Santos por la responsabilidad del Estado en las acciones de retoma del Palacio de Justicia en 1985 en las que desaparecieron una decena personas.
Ese acto de perdón fue impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia, si bien Howland mostró su esperanza de que se repitan esos hechos sin condenas judiciales.
El funcionario también valoró que las FARC reconocieran su responsabilidad en la muerte de al menos 79 personas por una bomba lanzada en la localidad de Bojayá, departamento del Chocó (oeste), en 2002.
Sin embargo, la ONU advirtió de los riesgos que afronta el país a la hora de implementar los acuerdos que salgan de las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana desde hace más de tres años y que se esperaba que pudieran terminar mañana.
Entre las recomendaciones, leídas por Fernández-Maldonado, el organismo urge al Gobierno colombiano a que cree una 'arquitectura institucional' que sea capaz de responder a 'los desafíos' que se abrirán en el posconflicto.
En opinión de la ONU es necesario superar 'la falta de coherencia y coordinación, para lograr cambios e impactos medibles en la situación de todos los derechos humanos de todas las personas'.
También recomendaron iniciar una amplia discusión sobre la transformación en el sector de la seguridad, recopilar los datos sobre violencia sexual en el marco del conflicto o 'adecuar el modelo de reparación colectiva para alcanzar sus fines transformadores.
Asimismo, piden que se proteja de forma inmediata y transparente los archivos de derechos humanos y se armonice el régimen de acceso a la información con los estándares internacionales y los objetivos del proceso de paz.
De igual forma exhortaron a las partes en La Habana a que aprovechen la oportunidad de dialogar con los pueblos indígenas y afrocolombianos 'para asegurar que los acuerdos de paz y su implementación maximicen el disfrute de sus derechos colectivos e individuales'.
'El acuerdo final debería incluir una referencia específica al compromiso de las partes en la negociación de garantizar, en todos los aspectos de la implementación, el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos reconocidos internacional y constitucionalmente', concluye el documento.
