La jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Salcedo, decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia la controversia en la que se debe dirimir el sistema penal bajo el que debe llevarse el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Esto luego de que la semana pasada las víctimas pidieran que el expediente cursara en la Ley 600 de 2000, antiguo sistema penal que rige en la Corte Suprema, mientras que defensa, Fiscalía y Procuraduría consideraran que debe seguir por la Ley 906 de 2004, nuevo sistema penal acusatorio, en el que la Fiscalía acusa y los jueces deciden.
Mientras tanto, el exjefe de Estado permanecerá con la detención domiciliaria dictada desde el pasado 4 de agosto y la cual cumple en su Hacienda ‘El Ubérrimo’, cerca de Montería.
Tras hacer un largo recorrido sobre la legislación existente, Salcedo explicó que hasta tanto la Corte no se pronuncie y defina el conflicto de competencias, la diligencia en la que se resolverá la solicitud de libertad quedará suspendida.
'Esta funcionaria judicial considera que es la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la que debe definir la impugnación de competencia que se planteó', aseguró.
