En el marco del ‘Segundo Informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno nacional en Materia Anticorrupción’, Transparencia por Colombia presentó los temas en los que está en deuda el Gobierno frente a los compromisos anticorrupción.
Aunque la entidad reconoce 'acciones técnicas asociadas a la sanción de nuevas normas y la puesta en marcha de nuevas herramientas de información', alerta concretamente sobre 'la falta de avance en temas estructurales como la transparencia del sistema político y la protección de derechos fundamentales para el control ciudadano'.
Agrega Transparencia que la corrupción sigue estando presente en los desafíos más importantes que enfrenta el país: desde la movilización ciudadana hasta la atención a la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
Por ello, propone retomar acciones clave para los dos años restantes de gobierno, incluyendo la divulgación de un nuevo Estatuto de Contratación Pública y la eliminación de restricciones al acceso a la información pública.
De 2019 a 2020. El segundo informe del ente analiza las acciones realizadas en esta materia entre agosto de 2019 y agosto de 2020, correspondientes al segundo año de gobierno del presidente Iván Duque Márquez, así como algunas iniciativas complementarias realizadas en meses recientes.
Alerta el reporte en este sentido respecto 'al bajo nivel de avance en aspectos de carácter más estructural, en particular la ausencia de iniciativas de reforma política y de financiamiento de partidos y campañas electorales; y sobre las graves afectaciones al derecho a la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, que son condiciones fundamentales para ejercer control al ejercicio del poder en el país'.
Protestas. Advierte el documento que la falta de avances luego de la Consulta Anticorrupción fue uno de los temas que motivó la movilización ciudadana del Paro Nacional de noviembre de 2019 y dio paso a la Conversación Nacional.
Pandemia. Frente a la atención a la pandemia por el coronavirus, el informe de Transparencia por Colombia señala que 'se demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo'.
Lo pendiente. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló que entre las tareas pendientes para los dos años de gobierno faltantes están, entre otras, las de retomar y revisar las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y culminar la elaboración de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacía un Estado Abierto.
Así mismo, retomar la iniciativa respecto a una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; y avanzar en la implementación de la Política Criminal Electoral.
También presentar a la discusión pública el proyecto de nuevo Estatuto de la Contratación Pública anunciado en el marco de la Conversación Nacional, y reducir los regímenes especiales de contratación.
Metas y objetivos
Hernández explica que al avanzar en los compromisos anticorrupción se debe 'dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados por el Gobierno nacional en la materia, así como responder a desafíos de contexto generados por la constante presencia de la corrupción en el país'.
Otra tarea pendiente es la de dar continuidad al fortalecimiento de la Agencia Nacional Contratación Colombia Compra Eficiente, y acelerar la consolidación de Secop II.
Del mismo modo, plantea Transparencia por Colombia, continuar con el fortalecimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecer el control sobre los conflictos de interés en el empleo público.
Recursos COVID
Frente a la atención de la pandemia, la entidad plantea 'iniciar una apuesta transversal de transparencia presupuestaria estatal, a partir de la publicación de la información clara y completa sobre los recursos para la atención de la emergencia por la Covid-19'.
De otro lado, propone eliminar las restricciones impuestas por el Decreto 491 de 2020 al derecho de acceso a la información pública, según Transparencia, 'con el fin de garantizar los tiempos de respuesta a solicitudes de información establecidos en la Ley 1712 de 2014'.
El informe de la entidad anticorrupción destaca finalmente 'el proyecto de ley 341 de 2020 recientemente radicado por el Gobierno nacional y que reúne un conjunto de acciones innovadoras para la lucha contra la corrupción, en particular respecto a protección a denunciantes de corrupción, creación del registro de beneficiarios finales, y medidas para la reparación de daños causados por actos de corrupción' y anuncia al respecto que en los próximos días publicará observaciones frente a esta iniciativa.
