Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dio inicio a un debate que durará cuatro días sobre la responsabilidad del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político surgido en un acuerdo de paz en 1985, que hoy acredita 6.002 víctimas de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas.
Sin embargo, durante el trámite de las audiencias se conocieron varias solicitudes del Estado colombiano, en las que pidió que el tribunal internacional delimite su competencia.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andeje) requirió que de los 6.064 registros de muertos entregados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte solo se pronuncie sobre 219 casos. Según informó la WRadio esta solicitud tendría como base que 'el resto de los listados las personas no fueron debidamente acreditadas por la Comisión IDH o las víctimas. Además, que el estado por medio de la JEP ya combate la impunidad'.
Juana Acosta, representante del Estado en el caso, afirmó que se trata de la primera vez que el país somete un caso ante la Corte, pues 'Colombia ha rechazado y rechaza los actos de violencia contra miembros de la UP y ha manifestado que las víctimas merecen ser reconocidas'. Sin embargo, la representante hizo énfasis en la 'cantidad real de víctimas', según el Estado, que dejaron estos hechos violentos.
Agregó Acosta 'el estado solicita que sean excluidas las presuntas víctimas que aun cuando están identificadas no cuentan con hechos en el informe de fondo. Así pues, el universo de víctimas del presente asunto se circunscribe a 219 presuntas víctimas'
Por su parte, Estela Aponte, representante de las víctimas, solicitó desestimar esa petición al considerar que 'los listados de muertos fueron constantes hasta lograr la pérdida de la personería jurídica del partido y que además, el deber de investigar es del estado, no de los afectados'.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también respondió a la petición impuesta por el Estado, indicando que este no puede poner el peso de la investigación del lado de las víctimas y que todas las personas asesinadas que aparecían en los registros cumplían patrones comunes, como ser miembros de la UP.
