El juez tercero administrativo de Bogotá ordenó al presidente Iván Duque, y a los entes nacionales y territoriales abstenerse de dar aplicación a la modificación de la Ley de Garantías aprobada en el Congreso hace un par de semanas dentro del articulado del Presupuesto General de 2022.
Esta restricción para la celebración de los convenios interadministrativos, la ejecución de recursos públicos, la no participación, promoción y destinación de recursos públicos de las entidades a su cargo estará vigente por el término improrrogable de 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, sacando de ellos los días que comprende la vacancia judicial. Si después de este término no se acude a la acción pública de inconstitucionalidad por el accionante o por otros ciudadanos, o si la Corte Constitucional no asume conocimiento del estudio del proyecto, la decisión perderá sus efectos.
El togado ordenó además en su providencia la publicación de la misma en las páginas de las entidades del Gobierno y de las entidades territoriales.
