En el marco de las pesquisas que se siguen por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, la Corte Suprema de Justicia adelanta este martes una inspección al Congreso de la República, en el centro de la capital país.
El magistrado Francisco Farfán ordenó la diligencia que se dispone en las secretarías de las presidencias de Senado y Cámara para recopilar documentación y registros sobre las sesiones en que se debatieron las reformas sociales, sobre todo la pensional y a la salud, del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria revisa los señalamientos que pesan contra los presidentes de Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, y de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, de haber recibido entre los dos $4 mil millones por parte de exfuncionarios y contratistas de la Ungrd por instrucción de altos funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, al parecer con el objeto de que impulsaran el trámite de los proyectos oficialistas.
Según la Fiscalía, desde mayo de 2023 a marzo de 2024, los exdirectivos de la Ungrd “Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez, asesor de la Ungrd; Luis Carlos Barreto, subdirector de Conocimiento de la Ungrd; César Manrique, director de Función Pública, y Luis López, conocido como El Pastuso y quien controlaba más de 30 empresas, acordaron generar una organización criminal para cometer delitos contra la administración pública, (…) para direccionar la contratación de la entidad apropiándose de dineros del Estado en favor propio y de terceros'.
Así las cosas, advierte el documento de imputación contra López, Pinilla y El Pastuso que estos funcionarios direccionaron los empresarios a quienes se adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas para sí o para terceros, interviniendo en falsedades para viabilizar el pago.
“Olmedo tenía conocimiento de todos los procesos contractuales, dirigió con Sneyder la operación para conseguir dinero de la contratación de la entidad con destino a congresistas, lideró la operación para dirigir contratos de la entidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas delegados con congresistas o funcionarios; delegó en Sneyder y Pedro Rodríguez la consecución de contratistas a cambio de las coimas; coordinó la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortiz, para la época consejera para las Regiones de la Presidencia, y la entrega de $1.000 millones directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, director entonces del Dapre', enumeró el organismo acusador.
