El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno radicó mensaje de urgencia para el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria.
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La idea es asegurar un trámite más rápido para la iniciativa gubernamental.
“Viene la ley de Jurisdicción Agraria, acabamos de radicar el mensaje de urgencia en el Congreso para que las comisiones Primera de Senado y Cámara estudien un proyecto que es fundamental para la implementación del acuerdo de paz”, dijo a periodistas el jefe de la cartera política.
El ministro afirmó que la ley, a la que no le alcanzaron los tiempos en la legislatura pasada, es importante para resolver los conflictos en torno a la propiedad y el uso de las tierras en el país.
“Para el Gobierno Nacional es prioritaria la discusión y aprobación del proyecto, comoquiera que así se completará el andamiaje de la Jurisdicción Agraria y Rural, la cual traerá paz y seguridad jurídica a los territorios rurales del país y facilitará que sea con la aplicación del derecho y no mediante vías violentas que se resuelva la litigiosidad sobre la propiedad, la tenencia y la explotación de la tierra en nuestro país”, se lee en el documento.
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Este proyecto había generado polémica desde su radicación en agosto pasado pues, según la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se trata del “proyecto de ley más peligroso en el Congreso: el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria”.
Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación exprés que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional, y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.
“Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, puedan desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”, señaló Valencia.
Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, había indicado que “este proyecto es urgente, recordemos que al menos 8 millones de hectáreas fueron despojadas violentamente, el 0,4% de la población es dueña del 46% de la tierra rural, que según Oxfam el 1% de las fincas ocupa el 81% de las tierras agrícolas, que hay 11,3 millones de hectáreas productivas y que solamente se usan 3,9 millones para el cultivo de alimentos”.
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Afirmó que “este gobierno no ha expropiado ni un centímetro de tierra, todo lo contrario: ha adquirido 1 millón 142.900 hectáreas para el beneficio de familias rurales, de campesinos y campesinas, eso significa cuatro veces el total de los dos últimos gobiernos sumados”.
Y concluyó que al menos desde 1936 existe en la legislación colombiana la figura de la expropiación, tanto que la Constitución de 1991 la reconoció en el artículo 58, estableció que la propiedad tiene una función social y ecológica, que no es absoluta y que en ciertas circunstancias se puede expropiar por ejemplo como sucede en este momento para la construcción del Metro o la ampliación del Transmilenio en Bogotá.
