Críticas y alertas de lado y lado han surgido en torno al aplazamiento de $12 billones del Presupuesto 2025 una vez se conocieron los sectores y obras que sufrirán los mayores congelamientos de recursos.
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Al respecto, el presidente Gustavo Petro precisó el pasado lunes en sus redes sociales que “el aplazamiento es de $12 billones, no significa recorte y es para todas las regiones. Se provoca este aplazamiento por la actitud aberrante de las Comisiones Económicas, que por salvar dueños mafiosos de los juegos de suerte y azar, no permitieron la financiación del Presupuesto”.
Por ello, desde las regiones, por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, reclamó: “Que pesadilla. Petro castiga a Medellín y a Antioquia una vez más. Venganza política. No nos perdona que no nos quedemos callados frente a la desfachatez”.
Y en Bogotá, Felipe Jiménez Ángel, ex secretario de Planeación de la capital, advirtió que “la estrategia (...) es quitarle plata a las regiones, doblegar a los alcaldes y gobernadores y presionar para que en el Congreso aprueben la reforma tributaria”.
Pero también los partidos resintieron el aplazamiento de recursos al Consejo Nacional Electoral, CNE. El director del Partido Cambio Radical, Germán Córdoba, afirmó que el Gobierno “insiste en asfixiar el sistema democrático en Colombia. Dichas afirmaciones surgen del riesgo que significa para la realización de las próximas elecciones el recorte al presupuesto del CNE”.
Al respecto, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo a EL HERALDO que “todos éramos conscientes de la necesidad de un ajuste fiscal como mínimos del 12%, el punto es que en el ejercicio de priorización había que tener mucho cuidado con proyectos estratégicos de país o con temas críticos para la construcción de nuestra democracia”.
Añadió en este sentido que “hubiese sido preferible que esos $12 billones proviniesen de gastos de funcionamientos y también de subsidios que el Gobierno Nacional ha venido creando que no se necesitan, o eventualmente de gastos de ministerios que no están funcionando adecuadamente, sin embargo se escogió una vía que puede ser peligrosa: uno, podría incumplir contratos en donde existen vigencias futuras de infraestructura en Medellín y Bogotá o recursos provenientes de la construcción de democracia de los procesos electorales. Y en ambos casos hay que tener cuidado porque puede salir peor el remedio que la enfermedad”.
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Entre tanto, el analista político Óscar Mejía, catedrático de la Universidad Nacional, señaló a este medio que “el Congreso, lamentablemente liderado por el doctor Cepeda, tomó la terrible decisión de no apoyar la ley de financiamiento en una medida claramente irresponsable con el pais porque el financiamiento no era para el Gobierno sino para las necesidades nacionales y, por supuesto, el Gobierno se ha visto obligado a hacer un recorte muy drástico y obviamente ese recorte ha afectado todos los renglones de la inversión a nivel nacional, departamental y municipal, que era prácticamente inevitable”.
Obviamente, agregó, “no vamos a ser cándidos: hay motivaciones políticas, pero esto es realmente un tire y afloje para mí inicialmente por irresponsabilidad del Congreso, por politizar algo que técnicamente se habría aprobado. Y además por parte del Gobierno, que está amarrado y sin alternativas, también por darle a esto un tinte politico mientras no explique de manera clara y técnica el aplazamiento”.