Múltiples voces de rechazo en los gremios, exministros y exregistradores se han manifestado ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular por decreto.
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Por su parte, el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseveró que “la consulta popular por decreto es la respuesta del pueblo ante el fraude del Congreso”.
Entre tanto, el actual alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, cuestionó que “como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima. Lo que dijo @petrogustavo hace poco minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto, no sorprende, más bien ratifica su talante antidemocrático. Colombia cayó en las peores manos. Es momento de rodear a las instituciones. Es momento de rodear la justicia, que amparada en la Constitución y la Ley, deberá tumbarle semejante entuerto jurídico. No es más que una provocación para intentar quedarse en el poder. Colombia entera debe despertar”.
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A su vez, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, criticó: “Petro cruza la línea y se convierte en dictador. Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado. Desprecia al Congreso, pisotea la Constitución y quiere imponer su capricho. Aquí están a prueba nuestra democracia y nuestra libertad. Las instituciones y los ciudadanos no se lo vamos a permitir Petro. Avanzáremos sin miedo y en defensa de Colombia, nuestra democracia, la libertad y el orden. Tome nota”.
De otro lado, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, comentó: “Sinceramente, no entiendo de dónde surge toda esa narrativa provocada por la oposición con ocasión de la decisión del presidente @petrogustavo de convocar por decreto la consulta popular, a la que de manera tan arbitraria se opuso el Congreso que mediante una serie de maniobras y vicios que buscaron desconocer la posibilidad de la participación popular, a través del ejercicio legítimo de la consulta popular, se incurrió en una negación democrática. Y principalmente, no entiendo el alboroto porque el mismo presidente, como demócrata que él sí es, esta manifestando que esta iniciativa deberá ser revisada por la Corte Constitucional”.
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Se cuestionó además: ¿Es que acaso como órgano de cierre no es a la Corte (no a una funcionaria de X de ese organismo) definir la constitucionalidad de esa iniciativa? ¿Es que ante las maniobras antidemocráticas de un Congreso deslegitimado, tenemos que renunciar a los principios fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho y de paso al principio de soberanía popular, como si el constituyente primario no fuera la razón de ser de todo el orden constitucional y legal?”.
El ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, opinó que “la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado. Se comete una grave equivocación al convocar la consulta. Se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país. Hasta ahora, a pesar de duros enfrentamientos, el Gobierno ha utilizado los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias con las otras ramas del poder. Ese es el camino, y no el de intentar la expedición de un decreto abiertamente inconstitucional, que es insostenible en las cortes”.
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Y el exregistrador y copresidente de La U, Alexander Vega, dijo a medios que “si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral porque le faltaría el concepto favorable del Senado”.
Rechazo de gremios
Por un lado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que “una vez más, el país asiste con preocupación a un nuevo intento del Gobierno Nacional por desviar la atención de sus reiterados fracasos mediante decisiones improvisadas y anuncios escandalosos”.
En ese sentido, el dirigente gremial manifestó que la consulta por decreto sin cumplir con los requisitos constitucionales, no solo es irresponsable, sino abiertamente ilegal.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional, liderado por Camilo Sánchez, expresó su profundo rechazo y preocupación frente al anuncio del Gobierno Nacional de avanzar con una consulta popular por decreto.
En ese sentido, afirmaron que este anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política.
Así mismo, la presidenta del gremio Aliadas, María Claudia Lacouture, señaló que a esto se suma una grave preocupación, y es que “se pretende convocar una consulta nacional en un contexto de déficit fiscal severo, cuando millones de colombianos reclaman soluciones urgentes en salud, educación, empleo y seguridad”.
“Destinar recursos públicos a una propuesta que ya fue rechazada institucionalmente contradice las prioridades del país”, dijo Lacouture.
