Organizaciones de víctimas entregaron ayer a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, un informe de las 218 víctimas que dejaron 153 casos de ‘falsos positivos’ perpetrados entre 2003 y 2005 por parte de la I División del Ejército, con jurisdicción en Atlántico, Cesar, La Guajira, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Chocó y Antioquia.
'Entre el 15 de diciembre de 2003 y el 28 de abril de 2005, 218 personas, mayoritariamente campesinos de Antioquia y Cesar, fueron asesinados y presentados como resultados operacionales exitosos por integrantes del Ejército', se lee en el reporte, que agrega que estos casos 'llevaron a la I División del Ejército a ocupar el deshonroso primer lugar en cuanto a víctimas' de las ejecuciones extrajudiciales.
El documento sobre el accionar de algunos de los integrantes de la división castrense, que para la época de los hechos abarcaba cerca de 74.851 kilómetros cuadrados y 98 municipios, es presentado por organizaciones defensoras de derechos humanos representantes de víctimas, en el marco del caso 003 sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
Los mandos
Recuerda el informe que estos hechos ocurrieron bajo la comandancia del entonces mayor general Mario Montoya Uribe (19 de noviembre de 2003 al 29 de abril de 2005) y la jefatura del Estado Mayor de los coroneles Iván Marco Parra Caicedo (2004) y Raúl Fernando Peña Lenis (2005). De igual forma, comprometen la responsabilidad por cadena de mando –por acción u omisión– de los comandantes de las Brigadas Segunda, Cuarta, Décima, Décimo Primera y Décimo Séptima, pertenecientes a la I División'.
'El mayor número de víctimas se presentó bajo la jurisdicción de la IV Brigada, a cargo del brigadier general Óscar Enrique González Peña, 150 víctimas, seguida de la Décima Brigada Blindada bajo el comando del general Hernán Giraldo Restrepo, donde se presentaron 35 víctimas, la Segunda Brigada al mando del brigadier general Gilberto Rocha Ayala y el brigadier general Justo Eliseo Peña Sánchez, con 15 víctimas, la Décimo Séptima Brigada comandada por el brigadier general Pauxelino Latorre Gamboa, con 13 víctimas, y la Décimo Primera con 4 víctimas bajo el mando del coronel Guillermo Quiñonez Quiroz y posteriormente del general Luis Roberto Pico', añade el reporte.
'Sistemáticos'.
Indican las organizaciones de víctimas que Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de víctimas mortales 155 de las 218, seguido por Cesar con 27 víctimas, La Guajira con 18 víctimas, Chocó registró 9 víctimas, y Bolívar, Córdoba y Magdalena registraron 3, respectivamente.
El documento advierte que el número de implicados, 495 soldados, 'denota el carácter masivo y sistemático de la práctica pero también la impunidad frente a los máximos responsables, pues no sólo siguen sin ser investigados el 74% de los casos, sino que no se presenta ni una sola condena a coroneles, brigadieres generales o mayores generales, y la mayoría de los casos adelantados por la Fiscalía siguen en etapa de investigación sin avanzar en la imputación'.
Hablan las víctimas
Las víctimas solicitan llamar a rendir versiones voluntarias a los presuntos máximos responsables de estos hechos y el seguimiento estricto al compromiso con la verdad plena que han adquirido militares mencionados en este informe que ya se han acogido a la JEP, así como emitir una directiva clara a la Fiscalía para que continúe con su deber de investigar estos hechos hasta que la JEP los asuma, e igualmente, que esta jurisdicción transitoria conozca los casos aquí documentados que continúan en la jurisdicción penal militar.
La presentación del informe coincide además con la solicitud formulada por un grupo de víctimas para que se ordene la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad por parte del general (r) Mario Montoya Uribe, 'teniendo en cuenta que el alto oficial en su versión negó tener responsabilidad en el fenómeno macrocriminal de las ejecuciones extrajudiciales'.
De igual forma, las organizaciones piden a la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas la revisión de los procesos de identificación y entrega de cuerpos en todos los casos reportados como bajas en combate de la Primera División para la época de los hechos, decretar medidas cautelares sobre los cementerios o lugares donde haya cuerpos sin identificar, así como aplicar el Protocolo de Minnesota.
Como medida de no repetición, piden garantizar que los procedimientos en torno a las investigaciones por muertes en combate sean adelantados por policía judicial desde el primer momento.
En medidas de reparación integral solicitan la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público en concertación con las víctimas, así como el seguimiento a las sentencias contencioso administrativas que se han dictado en estos casos.
Y para la no repetición las víctimas exigen que la justicia transicional promueva las reformas a la fuerza pública.
