La aparición desde el pasado lunes de los carteles de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo, en varios lugares de Barranquilla y 14 municipios del Atlántico, además del temor que han generado en la población también hacen surgir preguntas sobre si la paz total ha llegado o no al Caribe colombiano.
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La Alcaldía de Barranquilla, por ahora, anunció tras un consejo de seguridad desarrollado en conjunto con Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, la instalación de un Centro Integrado de Información e Inteligencia Contra el Crimen Organizado.
Otra de las medidas acordadas por las autoridades es el ofrecimiento de una recompensa de hasta $100 millones a quienes brinden información que permita la identificación de los miembros de este grupo armado organizado.
De igual manera, la Fiscalía Seccional Atlántico asignó un fiscal especializado que trabajará exclusivamente en las investigaciones contra este grupo armado organizado.
Vale mencionar que los mensajes alusivos aparecieron en el Puente Pumarejo; Gran Malecón, a la altura de la calle 72; avenida Circunvalar con carrera 46; calle Murillo con carrera 21, en el barrio Ciudad Paraíso, y en la vía del Platanal, en Soledad.
El coronel (r) Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y seguridad nacional, le dijo a EL HERALDO que la aparición de estos carteles “tiene de todo un poco: resulta que no es la primera vez que el Clan del Golfo hace esto en zonas rurales de la Costa, aunque no específicamente sobre el litoral, y además con el anuncio del presidente de la semana pasada quieren seguir la metodología de los otros grupos y llegar fuertes a la mesa, pero también indica que no todos los integrantes están de acuerdo con el proceso porque cada uno tiene sus intereses”.
Para el historiador castrense, ante la alerta “por un lado la fuerza pública no puede bajar el nivel de su misión constitucional de proteger a la comunidad, pero el que tiene que tomar las acciones es el Gobierno en lo jurídico y lo político, porque si los capturan son negociadores o si no la Fiscalía es la que decide, entonces nos parece que es la acción coherente del Estado lo que se necesita”.
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Y el doctor en derecho internacional y seguridad y defensa, César Niño, comentó en este diario que “es una forma de mostrar que están activos, que son lo suficientemente peligrosos para atemorizar a la población y significa que están usando métodos de propaganda para instalarse en el miedo colectivo de la ciudadanía, lo que les brinda una oportunidad estratégica para posicionarse en la agenda del Gobierno”.
Lo segundo, agrega el catedrático de la Universidad de La Salle, “es que es probable que los carteles tengan la misión de empujar algún tipo de decisión política para una hipotética mesa de negociación”, lo que sugeriría, advierte, que hay que revisar “cuál va a ser la posición de las FF. MM. en términos de combate de este tipo de estructuras”.
Por último, menciona Niño, que “el ministro de Defensa reconoció en días pasados que ha perdido posiciones estratégicas el Estado colombiano y territorio en términos de control y soberanía nacional, y esta es otra muestra de que es una zona controlada por el Clan del Golfo”.
Entre tanto, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, plantea que la situación es de extrema gravedad: “Le exigimos al Gobierno Nacional articular urgentemente con los gobiernos locales una estrategia. El tema de las recompensas funciona y vemos al alcalde en esa ruta, quizás haberlo hecho antes, pero esa es la ruta”.
Advirtió en este sentido el parlamentario opositor: “Necesitamos que el Gobierno Nacional deje de cederles el orden público a los criminales. Nos duele que el país se esté deteriorando en todos los aspectos que afectan al ciudadano y hay cosas en la que cada vez le queda más difícil a Petro seguirnos dividiendo. Por lo menos, en el tema de la inseguridad nos afecta a todos. Cuando a un ciudadano lo van a atracar no le preguntan su filiación política”.
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A su vez, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, expresó a este medio que son lamentables los hechos que se han visto en las últimas horas: “Esto demuestra que cada vez la fuerza pública se debilita más y los grupos al margen de la ley se fortalecen. Pero cómo no, si el Gobierno se ha dedicado a dar amnistías, a darles estatus políticos a los disidentes de las FARC, si les permite al Estado Mayor Central recorrer las vías del país en carros de la UNP, si les permite hacer negociaciones de paz y seguir extorsionando, matando y continuar con el negocio de las drogas”.
Cuestionó en este punto el legislador que si un dirigente de un grupo al margen de la ley amenaza al presidente de la República, al evento más importante, la COP 16, y no pasa nada, “¿qué se espera para la ciudadanía? La gran conclusión de este declive institucional es que la política de seguridad del Gobierno Nacional ha sido un fracaso contundente: seguimos viendo cómo las organizaciones criminales se fortalecen y lo que hace el Gobierno es celebrar un sexto ciclo de negociación en septiembre, mientras al Ejército y a la fuerza pública se les limita su accionar”.
Sin embargo, agregó Gómez Amín, “esperamos que la estrategia permanente del Centro Integrado de Información e Inteligencia Contra el Crimen Organizado y la recompensa de $100 millones para dar con el paradero de miembros del Clan del Golfo tenga resultados de manera rápida para contrarrestar el accionar de este grupo delictivo. No obstante, debe existir acompañamiento del señor ministro (de Defensa), Iván Velázquez, en el accionar que hoy realiza el alcalde (de Barranquilla, Alejandro) Char, esto es un trabajo de todos”.
Hasta ahora, el acercamiento con los gaitanistas tiene más dudas que certezas. A diferencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln, o las disidencias de las extintas Farc, el Clan el Golfo no goza de estatus político, una situación jurídica llena de grises que, hasta ahora, genera serias dudas sobre las eventuales vías de la justicia acogerían a los integrantes de la organización.
En este sentido, Ricardo Giraldo, abogado de las AGC, ya plantó su postura: el comando central de la organización criminal, que tiene presencia en 24 de los 32 departamentos del país, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, desea justicia transicional y no sometimiento, argumentando que el grupo sí tiene dinámicas políticas en los territorios donde está afincado.
“Ellos han sido muy claros en eso. Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista hace unos 15 días lo dijo a viva voz, que ellos quieren es que haya justicia transicional, porque es que sometimiento eso no va a garantizar que haya pacificación de los territorios, porque es que ellos vienen de varios procesos de sometimiento completamente fallidos. Entonces, eso no va a ser la solución real para que haya paz en Colombia y la resolución es clara”, explicó el jurista en diálogo con Blu Radio.
“Hay dos escollos para este intento. La postura de Estados Unidos frente a esta organización, pues la considera meramente narcotraficante y eso se verifica al ver la condena de alias Otoniel a 45 años de cárcel. Por otro lado, por la manera en la que está organizada tiene que idearse una estrategia de seguridad para mitigar la aparición de organizaciones sucesoras. Por las rentas que controlan es apenas normal que mandos medios o grupos particulares quieran quedarse con ellas”, publicaron los politólogos Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, y Andrés Aponte, de la Universidad de los Andes.
