El fin del conflicto armado de Colombia se da por pedazos, pero tras cada proceso de desarme se avanza. Los esfuerzos realizados con el M-19, EPL, los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, las Auto-defensas, las FARC y otros ayudan, pero el hecho es que el conflicto persiste. Los espacios territoriales liberados por cada proceso requieren de fortaleza estatal. Se puede lograr el desarme de los grupos al margen de la ley, pero mientras no exista control del territorio, continúen las rentas extraordinarias, y no se avance en la reconciliación, la paz no será definitiva, solo transitoria.
Al analizar las cifras, sorprende el incremento del 11% de hombres en armas, documentado por Mauricio Vargas en su columna. Según su escrito, durante el primer semestre de 2023, el clan del golfo aumentó el pie de fuerza en 23%, las disidencias de Farc en 9%, Segunda Marquetalia en 6% y ELN en 5,3%. Es impactante que, en el momento del inicio del proceso de paz en 2012, según Mindefensa, las FARC no superaba los 6.700 efectivos y el ELN no alcanzaba los 1.500. La falta de control territorial significa que hoy hay 43,6% más miembros de guerrillas que antes del proceso de paz con las Farc. No solo hubo cambio de brazalete sino nuevo reclutamiento.
El actual proceso, a pesar de lo ambicioso, no ha progresado mucho. Según inteligencia militar, los efectivos han aumentando: ELN 6.158, disidencias de las FARC 3.860, Segunda Marquetalia 1.761, Clan del Golfo 5.000, Autodefensas Sierra Nevada 500, Bacrim Medellín 12.000 (Oacp), Bacrim Buenaventura 1.700 (Oacp), y Bacrim Chocó 500 (Oacp). En total, hay 31.479 miembros de organizaciones criminales en procesos de negociación, 11.779 de guerrillas y 19.700 de diferentes tipos de Bacrim. Este desarme sería un éxito sin antecedentes, pero las negociaciones están crudas.
Se estima que tanto las FARC como AUC, en sus picos, llegaron a superar individualmente los 30 mil efectivos. Lograr de manera pacífica el desarme siempre es valioso, como dice Sun Tzu “la mejor victoria es vencer sin combatir” pero el problema es que la paz nunca es definitiva, hay que cuidarla. Puede ser fácil conseguir una desmovilización sin verdad, ni reparación a las víctimas, sin promesas de no repetición y sin cárcel. El problema es que esto generaría semillas para el próximo conflicto, especialmente si los factores de financiación siguen estando presentes.
Avanzamos con procesos de paz, pero la falta de control de territorio produce una aceleración del reclutamiento, el orden público está en franco deterioro. Durante 2023 se incrementaron en 6,5% las masacres en el país. Expertos como Daniel Rico estiman que cada 8 hectáreas de coca financian la actividad de un miembro de grupos ilegales. Si bien esta relación temporalmente se suspendió durante el proceso de paz con las Farc, está volviendo a su tendencia histórica.
En 2022, el aumento de siembra de coca fue del 61%, para llegar a 230 mil hectáreas. Los rumores de extorsión por doquier y sicariato en todo el país, inclusive en las zonas más seguras de Bogotá, van en línea con una esperada siembra de coca que puede llegar a las 300 mil hectáreas. Con otras fuentes como la minería ilegal y la trata de personas financiando el conflicto, creer en la buena voluntad de cabecillas es claramente insuficiente.
