La empresa de tecnología, que se negó la semana pasada a cumplir la orden expedida por la jueza federal Sheri Pym, la cual busca facilitar el acceso del Gobierno a un iPhone usado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad de San Bernardino (EE.UU.), en el que murieron 14 personas, se podría enfrentar a una nueva orden. El pasado viernes, el Departamento de Justicia presentó una moción para obligar a la empresa tecnológica a que cumpla con lo solicitado por los tribunales.
La moción llega antes del plazo límite del 26 de febrero que tiene Apple para responder a la magistrada Pym.
Por su parte, Apple pidió ayer al Gobierno de EEUU que retire la petición que exige a la compañía ayudar al FBI a acceder al teléfono, ya que asegura que 'lo que está en riesgo es la seguridad de cientos de millones de personas que cumplen con la ley y el establecer un peligroso precedente que amenaza las libertades civiles de todo el mundo', señaló Tim Cook, consejero delegado de Apple. Además de el establecer un antecedente legal que ampliaría los poderes del Gobierno.
Asimismo, sugiere que la mejor forma de avanzar en este caso sería que el Gobierno forme una comisión o algún tipo de panel para evaluar la situación y los problemas generados por el creciente uso de la encriptación. 'Apple participaría encantada en un esfuerzo de ese tipo', declaró la compañía.
